Pretende remover 9.297.386 metros cúbicos.

El pleno del CORE, en su sesión del 19 de agosto, aprobó las objeciones que hizo la Subcomisión Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) al proyecto “Optimización Reservas Pozo San Bernardo y Nuevo Plan de Recuperación de Terreno”. 

La presidenta de la Subcomisión, Sofía Valenzuela, explicó que el proyecto, de Melón Áridos Limitada, “está fuera del Plan Regulador Metropolitano (PRMS), fuera de las actividades que se pueden realizar en este territorio”, y que se relaciona con una faena que había podido desarrollarse debido a que un fallo de la Corte Suprema estableció que es anterior de la entrada en vigencia del PRMS.

“Lo importante acá es que la solicitud que ellos (empresa Melón Áridos Limitada) han hecho es ampliar la extracción de áridos en la zona. Ellos alegaban que no era una ampliación de construcción y en base a eso argumentan que siguen en una etapa de congelamiento, que no desobedecen de alguna manera el dictamen”, explicó.

La Subcomisión SEIA solicitó al GORE no darle ni conformidad ni recomendación positiva al proyecto, esto debido al que el proyecto no se enmarca al PRMS y a los posibles impactos en las napas subterráneas y en la disponibilidad del agua para los sectores aledaños. Además solicitó mayores antecedentes. El GORE accedió e hizo una contrapropuesta.

El pleno del CORE aprobó por unanimidad, en su sesión plenaria número 16, el pronunciamiento de la Subcomisión.

“Lo que logramos es que el ejecutivo se abriera a pensar muy bien lo que se estaba haciendo en términos del fondo y del contenido en esto. Acá la actividad se iba a ampliar, se iban a hacer unos hoyos enormes, con un daño ambiental tremendo”, dijo la consejera Valenzuela.

El proyecto, de acuerdo con la descripción que le llegó a la Subcomisión, propone un aumento en la extracción de material de 9.297.386 metros cúbicos por sobre lo aprobado inicialmente y la remoción de un camino, para luego continuar con la extracción hasta alcanzar 95 metros de profundidad. De esa manera, la vida útil del proyecto original se propone extender hasta el 2049.

La consejera Valenzuela explicó que el proyecto no se termina aquí. “No se acaba, pero obliga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a pronunciarse sobre nuestro PRMS. El proyecto no puede seguir su curso de evaluación sin este pronunciamiento y pone en consideración todas las problemáticas jurídicas que supone”, dijo. Agregó que es vinculante: “El SEIA no puede seguir el proceso de evaluación sin que el ministerio se pronuncie frente al tema”.